Firmas aseguradoras se quieren salir del campo de riesgos laborales
Mapfre no va más en el negocio. Fallas en regulación tienen a otras analizando el tema.
Los desajustes normativos en el ramo de riesgos laborales son de tal magnitud que algunas aseguradoras que cubren esos riesgos han mirado la posibilidad de retirarse del negocio. La primera compañía en dar tal paso es la española Mapfre, que ya está tramitando su salida ante la Superintendencia Financiera.
Así lo confirmó Gerardo Hernández Correa, superintendente financiero, durante la XXV Convención Internacional de Seguros, que culmina este viernes en Cartagena, tras señalar que no es la única compañía que le ha manifestado su intención, por los efectos de la actual normativa.
El propio Superintendente reconoce las fallas y advierte que el tema “necesita de una cirugía completa y profunda”.
Por eso, una de las soluciones planteadas en medio del debate está en permitir que compañías extranjeras entren a competir en riesgos laborales, un seguro que hoy solo pueden ofrecer las aseguradoras colombianas, según la Ley 100. Para ampliar la competencia a las aseguradoras extranjeras, se requiere del trámite de una ley.
Directivos de las aseguradoras consultados coinciden en que las reglas de juego están diseñadas para socializar entre todas las compañías del ramo las pérdidas de aquellas firmas que no hacen su trabajo como debe ser.
“Ese desequilibrio nos costó solo el año pasado 23.000 millones de pesos, porque los demás tienen más siniestralidad y no hacen lo que deben hacer en materia de gestión ni de prevención de riesgos”, indicó Gonzalo Alberto Pérez, presidente para Latinoamérica del grupo asegurador Sura.
Para los voceros de esta industria, esos problemas tienen nombre propio: una compañía que concentra una muy buena parte del riesgo del ramo (La Previsora), en especial porque maneja segmentos muy vulnerables, como la minería.
Juan Carlos Llano, líder de beneficios de Marsh, señala que las firmas del ramo manejan unos 3 billones de pesos en ingresos y cerca de un 20 por ciento de estos se invierten en programas de prevención, esto es, unos 600.000 millones, adicionales a lo que invierten los propios empresarios.
Por eso también recomienda revisar bien qué sectores y compañías son los que requieren esos ajustes.
“Se debe revisar la clasificación de actividades económicas, porque se está trabajando sobre la que utilizaba el extinto Seguro Social. Otro asunto que está en mora es la creación de un sistema de información que permita mirar las diferentes actividades económicas y sus siniestralidades. Es urgente revisar el costo del reporte de la Pila, pues en muchas ocasiones es más alto de lo que se cancela por un trabajador, como, por ejemplo, el servicio doméstico”, dice el experto.
En Colombia, más de 9,9 millones de trabajadores están protegidos en riesgos laborales, de los cuales cerca de 700.000 recibieron el año pasado atención en salud por 585.000 millones de pesos y 602.000 millones de pesos en prestaciones económicas, de acuerdo con cifras de Fasecolda.