Entre los planteamientos que se expusieron destaca el costo operativo que tiene la Clínica Nueva Caracas debido al alto índice inflacionario, ante lo cual el Superintendente propuso realizar mesas de trabajo entre la Defensoría del Pueblo, la Sudeaseg, Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos) y la Asociación de Clínicas y Hospitales para que expongan su caso, se genere el debate y se pueda obtener un punto de común encuentro para el beneficio de todas las partes. “Sumemos esfuerzo, tenemos que sumar voluntades. El propósito es garantizar la salud y la vida”, afirmó Juan Carlos Cabello.
Los representantes de ambos centros de salud afirmaron tener el objetivo de brindar servicios médicos asistenciales de calidad para atender a los ciudadanos, que en su mayoría son funcionarios públicos asegurados por el Estado venezolano.
Por su parte, Alberto Villamizar, Apoderado y Consultor Jurídico de ambos centros médicos, agradeció la oportunidad ofrecida por el Superintendente para que pudiera exponer los puntos que considera críticos con respecto a los sujetos regulados. También reconoció el trabajo que se realiza desde la Sudeaseg. “Felicito al personal que nos ha asesorado en cuanto a la interpretación de la Ley de la Actividad Aseguradora y las conductas que se deben tomar”, destacó.
Durante la reunión quedó aclarado que ningún centro de salud debe solicitar cobros anticipados o depósitos como condición para la atención de algún ciudadano que esté amparado por un contrato de actividad aseguradora.
De esta manera, quedó asentado el compromiso de la Sudeaseg para garantizar el bienestar de pueblo venezolano, en materia de salud.
Fuente: Prensa Sudeaseg