El juzgado de Primera Instancia número 20 de Sevilla ha condenado a la aseguradora del Servicio Andaluz del Salud (SAS), Zurich Insurance PLC, a indemnizar con 147.185 euros a la familia de una mujer que falleció por la tardanza en recibir un tratamiento quirúrgico. El juez reconoce que las «demoras incrementaron el riesgo de la intervención para la paciente por su mayor debilidad provocada por la infección aguda febril, y por la mayor duración y complejidad de la intervención quirúrgica». La abogada María Jesús Villalpando, asesora jurídica en la asociación el Defensor del Paciente, incide en que la sentencia ya es firme al haber finalizado el plazo para ser recurrida.
Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2012, cuando la paciente E. U. U., de 69 años, sufrió una caída de manera fortuita y se fracturó el tercio medio del fémur derecho. El tratamiento al que fue sometida consistió en la colocación de una prótesis en la pierna, y para ello fue intervenida en dos ocasiones en el Hospital La Merced.
Los problemas más graves comenzaron meses después. Un dolor intenso llevó a esta mujer hasta las Urgencias el 24 de febrero de 2013, y fue entonces cuando comenzó un auténtico calvario para ella y para su familia, hasta el fatal desenlace meses después. Una cadena de demoras para acceder a pruebas, citas con los especialistas y para someterse al tratamiento que necesitaba, agravó su delicada situación.
Según la cronología que recoge la sentencia, el 19 de febrero de 2013 en el Hospital Virgen del Rocío se le indicó que debía ser revisada por un traumatólogo por dolor, pero no logra una cita en esta especialidad hasta el 14 de marzo. El traumatólogo indica un TAC, pero la cita para esta prueba tarda cuatro meses. La mujer se sometió al TAC el 7 de julio de 2013. En pleno verano y casi cinco meses después de su visita a Urgencias por dolor, el informe de la prueba de imagen dice: «Llama la atención una rotura del primer tornillo». En la propia historia clínica consta que los responsables de realizar el TAC trataron de contactar con el médico responsable de la paciente pero se encontraba de vacaciones. El traumatólogo de guardia tampoco pudo acudir. Era pleno verano, periodo vacacional del personal sanitario. Cada año, los sindicatos denuncian la falta de profesionales y de puestos por cubrir en los servicios asistenciales en la época estival. Los problemas se fueron acumulando para E. U. U.
La mujer fue valorada el 23 de septiembre de 2013 por un traumatólogo de la Clínica San Juan de Écija, quien recomienda una gammagrafía ósea, que nunca se llegó a realizar. Un mes después, en octubre de 2013 fue de nuevo valorada en consulta de traumatología y se confirma la rotura de un tornillo de la prótesis. Fue inscrita entonces en lista de espera como «muy preferente» para una intervención, al presentar «pseudoartrosis séptica del fémur derecho». La infección era ya patente.
Pese a la calificación de su situación como «muy preferente», pasan de nuevo meses sin citas ni llamadas del hospital. La situación se agrava y la paciente acude de nuevo, el 20 de diciembre de 2013, a las Urgencias de La Merced con fiebre de tres días asociada a la infección, según consta en los resultados de los análisis que se le practican. De nuevo es periodo vacacional y la cita para la intervención quirúrgica se pospone al día después de Navidad, al 26 de diciembre.
E. U. U. fue finalmente intervenida y los especialistas comprobaron en el quirófano «gran cantidad de pus y tejido friable». Le retiraron el tornillo que hasta entonces había permanecido roto en su pierna desencadenado una infección generalizada. Los especialistas colocaron otro clavo. E.U.U. se encontraba ya muy débil cuando se sometió a esta compleja intervención. A la 01:00 del 27 de diciembre de 2013 falleció.
El juez reconoce en el fallo que «el retraso en la prestación de los servicios sanitarios constaba ya en la documentación médica». El magistrado subraya además que desde octubre se diagnosticó la infección, si bien la mujer no recibió tratamiento para este problema hasta que acudió a Urgencias en diciembre. «De forma no razonable se cuestiona el diagnóstico del SAS de octubre de 2013 sobre la infección cuya corrección por desgracia se corroboró tras el ingreso de la paciente en Urgencias dos meses después», precisa la resolución.
La letrada del Defensor del Paciente, que ha representado a la familia, lamenta estos hechos y recuerda que su organización ha reclamado que «las listas de espera del SAS sean fiscalizadas con auditorías externas por la falta de transparencia».
Fuente: diariodesevilla.es