Su caso, en 2012, fue el primero. Tras varias décadas ejerciendo de corredor de seguros en un piso, la Hacienda municipal le giró la tasa de basuras de ese año y retroactivamente la de los dos anteriores como si fuera una entidad bancaria de hasta cien metros cuadrados. Esto es, a razón de 300 euros por ejercicio, tres veces más de lo que había venido desembolsando hasta entonces. El profesional no aceptó la situación: el resto de colegas del gremio seguía pagando el impuesto correspondiente, como vendedores que son, a viviendas, comercios y oficinas. Así que empezó a pelear, solo primero, de la mano del Síndico poco después, recurriendo cada nuevo recibo, denunciando los hechos a través de los medios de comunicación… Hasta hoy, momento en que se ha decidido a quemar su último cartucho y sentar al Ayuntamiento ante los tribunales. Lo hará por “una cuestión de justicia, no económica”, pues va a ser más lo que se deje en abogados que lo que le han venido gravando. Y también porque ya ni siquiera se trata de un hecho excepcional. Lo que parecía “un acoso administrativo por razones personales”, como él sentía al principio, se ha empezado a convertir en tendencia por “mero afán recaudatorio”.
El propio Síndico reconoce la aparición de nuevos casos. Desde el año pasado, a al menos siete corredores de seguros se les ha girado la tasa de basuras correspondiente a entidades bancarias de hasta cien metros cuadrados, con la justificación de que el epígrafe incluye también los seguros. “Y a primera vista podría parecer adecuado el cambio de criterio de Hacienda, pero la actividad aseguradora y la de mediación de seguros constituyen dos actividades netamente diferenciadas, con sus respectivos regímenes jurídicos, requisitos y condiciones”, explica Martín Gartziandia. La única coincidencia radica en que “ambas operan con el mismo producto, los seguros, pero la actividad de unos y de otros tiene poco que ver”. Además, existen otro tipo de entidades que también los venden, como los concesionarios, y a éstos se les está aplicando la tarifa de los comercios.
El Síndico tiene claro que, con la normativa en la mano, no hay nada que justifique que los corredores de seguros tengan que pagar la tasa de basura como si regentaran un banco. De hecho, Hacienda se delató cuando en el anterior proyecto de ordenanzas fiscales trató de modificar este punto “al introducir en el epígrafe de entidades financieras y seguros la coletilla actividades asimiladas”. Fue un intento frustrado porque la mayoría de la Corporación votó en contra. Sin embargo, en 2015 el departamento empezó a girar recibos con ese criterio a algunos de los 80 profesionales que componen el gremio. “Tenemos un informe del 27 de abril de este mismo año que pone de manifiesto que hay nuevos casos y que ha habido alegaciones, que ya no se trata de una situación aislada”, explica Gartziandia, “pero la respuesta de Hacienda es que está estudiando si es correcta la aplicación de la tasa correspondiente a los bancos y, mientras tanto, la utiliza en ciertos casos en contra de nuestras recomendaciones”.
La impotencia del Síndico es evidente. También se nota en el corredor de seguros por el que empezó todo. “Son ya cuatro años de pelea en los que han llegado a devolverme el dinero y volvérmelo a cobrar, con promesas públicas que luego no se cumplían”, recuerda. Su caso, además, arrancó por una situación paradójica, después de que hubiera advertido al Ayuntamiento de que le había cobrado el impuesto con el gravamen por vivienda vacía -criterio aplicado y retirado ese mismo año por generar situaciones injustas- cuando aun no estando empadronado en el piso ejercía en él su actividad. Hacienda, lejos de estimar la petición, aprovechó el escrito de respuesta para comunicarle que a partir de ese momento le iba a cobrar la tarifa correspondiente a bancos, y además con carácter retroactivo desde 2010. El afectado indagó, descubrió que a ningún otro compañero se le había aplicado ese criterio, acudió al Síndico y comenzaron a pelear.
Al principio, el defensor vecinal creyó que la victoria estaba cantada. Según la máxima non reformatio in peius del ámbito doctrinal, “una persona no puede salir del recurso peor parado de lo que estaba al interponerlo”. La otra razón se la dio el Consistorio cuando en el último proyecto de ordenanzas fiscales intentó igualar a corredores o mediadores de seguros y a empresas aseguradores, “lo que de facto significa admitir que hasta ahora esas actividades son diferentes”. La impresión del primer afectado, que al principio creyó ser víctima de un acoso personal, es que el Ayuntamiento “pasa por un momento difícil y busca formas de ingresar más sin que se note demasiado”. A su juicio, el hecho de que “esté aplicando la tarifa de bancos arbitrariamente, picando de aquí o de allá, y de forma progresiva, evidencia el afán recaudatorio”.
“Si lo hiciera con todo el gremio de golpe, habría una respuesta contundente del Colegio. De esta forma, se evita problemas”, opina el corredor. Sin embargo, él no se piensa quedar de brazos cruzados. Cuatro años después del inicio de su lucha burocrática, ha decidido acudir a un despacho de abogados para llevar a juicio al Ayuntamiento de su ciudad. “Y no lo hago por los 300 euros de cada año. De hecho, esto me va a costar bastante más. Lo hago porque no se puede permitir que una administración funcione así”, afirma. Lo dice con la fuerza que le da llevar más de treinta décadas “pagando puntualmente y sin quejas” toda una retahíla de impuestos que se come el 40% de lo que gana.
Fuente: noticiasdealava.com