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En tres años deberán migrar los contratos de seguros del sector público

El decreto con rango, fuerza y valor de Ley de la actividad aseguradora, promulgado el 30 de diciembre pasado vía Habilitante por el presidente Nicolás Maduro, extiende hasta tres años el plazo para la migración de los seguros de los empleados y obreros del sector público contratados con empresas de seguros privadas.

La disposición transitoria séptima establece que “dentro de los tres años contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal promoverán, planificarán, programarán y ejecutarán procesos de migración de seguros de personas que tuvieran contratados con empresas de seguros privadas hacia las aseguradoras públicas o al Sistema Público Nacional de Salud”.

La norma exceptúa de tal disposición a los fondos autoadministrados de salud o la autogestión del seguro de personas de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, ya creados al momento de la publicación de la nueva Ley. No obstante, señala que ello será posible solo si el ministro con competencia en el área de finanzas lo autorice. También deja a criterio de este funcionario la potestad de prorrogar el plazo establecido en las disposiciones transitorias de la Ley publicada en la Gaceta Oficial N° 6.211 Extraordinario.

En agosto pasado, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora emitió una circular en la que obligaba a migrar las pólizas de seguros en el sector público antes del 31 de diciembre de 2015, en función del lapso de cinco años que estableció la derogada Ley de la Actividad Aseguradora, promulgada el 5 de agosto de 2010 y que fue derogada por la aprobada la semana pasada por el Presidente Maduro.

El decreto, además, señala que “las contrataciones de los seguros y contratos de administración de riesgos de los organismos del Poder Público deberán suscribirse y renovarse de manera directa, es decir, sin intermediación alguna, con la finalidad de garantizar la protección plena del patrimonio público y el fomento de los valores y principios éticos y morales”.

Fuente: elmundo.com.ve

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