La Administración Pública tiene un plazo de tres años para hacer la migración de las pólizas que actualmente están contratadas con empresas de seguros privadas, de acuerdo al decreto con rango, fuerza y valor de Ley de la Actividad Aseguradora, promulgado el 30 de diciembre vía Habilitante por el presidente Nicolás Maduro.
“Dentro de los tres años contados a partir de la entrada en vigencia del decreto, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal promoverán, planificarán, programarán y ejecutarán procesos de migración de seguros de personas que tuvieran contratados con empresas de seguros privadas hacia las aseguradoras públicas o al Sistema Público Nacional de Salud”, establece la disposición transitoria séptima de la ley, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.211 Extraordinario, que circuló el pasado lunes 4 de enero.
Los fondos autoadministrados de salud o la autogestión del seguro de personas que pertenecen a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, ya creados al momento de la publicación de la nueva ley, quedan exentos de tal obligación, a menos que el ministro con competencia en el área de finanzas lo autorice.
Si bien la nueva Ley de la Actividad Aseguradora fija un plazo de tres años para la migración de pólizas de empleados y obreros del sector público, deja a criterio del titular de Finanzas la potestad de prorrogar el plazo establecido.
La ley derogada precisó que ese cambio debía darse en cinco años y en agosto pasado la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) lo ratificó en una circular.
Defensa del usuario. La ley recientemente promulgada contempla la creación de una oficina de defensa de tomadores, asegurados, beneficiarios, contratantes, usuarios o afiliados por parte de la Sudeaseg.
Fuente: ultimasnoticias.com.ve